13 feb. 2008

Mutualismo Méxicano (4)






La acción del Estado liberal mexicano *

La política liberal de los años de 1850 trató de impulsar de una manera más eficaz el desarrollo del capitalismo en México. Para ello era indispensable acabar con todos los vestigios coloniales que pusieran trabas a la moderna concepción de un Estado liberal progresista. Se trató de fortalecer al Estado minando el poder militar y eclesiástico, para lo cual se expidieron una serie de leyes.

La emisión de la Ley Juárez disponía la derogación del derecho de los tribunales militares y eclesiásticos a conocer asuntos civiles, declaraba renunciable, el fuero eclesiástico, y limitaba el poder del ejército sujetándolo al poder civil.
Por otro lado, el clero al monopolizar gran parte de las propiedades agrarias resultaba el núcleo del poder económico. El gobierno liberal, por lo tanto, se planteó la necesidad de estructurar su política a partir de la recuperación de la riqueza territorial que le permitiera ejercer un control sobre la producción, así como del poder político detentado hasta entonces por el clero.

Así, en junio de 1856, se aprobó la Ley Lerdo que establecía la desamortización de los bienes inmuebles de corporaciones civiles y eclesiásticas y les prohibía la adquisición de nuevas propiedades.

Con ello se proponía poner en circulación bienes que por mucho tiempo habían permanecido improductivos, para agilizar el desarrollo del capitalismo. Las leyes constitucionales de 1857 reforzaron esta tendencia al declarar la libertad de industria, comercio, trabajo y asociación.

En este mismo sentido, es decir, para propiciar un ambiente que asegurara al Capital su libre desarrollo, el gobierno liberal adoptó en lo económico las tesis librecambistas. De esta manera, el gobierno intervendría en los asuntos económicos, asegurando por un lado la mejor comercialización de los productos y por otro sirviendo como conciliador entre el Capital y el Trabajo.

Inevitablemente estas medidas alteraron la fisonomía del país, afectando directa e indirectamente al artesanado.

En 1856 se puso fin al periodo proteccionista que se había extendido por tres décadas, al adoptar un nuevo arancel librecambista. Esto amenazó la existencia de talleres e industrias; determinó la desaparición de algunas fábricas, la baja en la producción de otras, así como el cierre de numerosos talleres artesanales.

La Revolución de Reforma destruyó la mayor de todas las corporaciones económicas existentes, la Iglesia, despejando así el camino para la acumulación capitalista. Los bienes rurales y urbanos del clero lanzados al mercado por la desamortización contribuyeron en forma decisiva al fortalecimiento de la burguesía comercial y de los terratenientes aburguesados. Se privó al ejército de su papel determinante y se consolidó definitivamente la autoridad del Estado burgués - terrateniente (9).

La Constitución liberal consagró la propiedad privada y la libertad de empresa y sancionó la libertad burguesa, es decir, la igualdad formal de los contratantes en la relación del trabajo; todos ellos, factores indispensables para el consecuente desarrollo capitalista.

La libertad burguesa, sin embargo, no significó un alivio a la situación económica de los trabajadores. Existía la libertad de contratación sin ninguna cortapisa para el Capital: ni las Leyes de Reforma, ni la Constitución del 57 se ocuparon por fijar salarios, ni por establecer la jornada de trabajo.

Aunque a los trabajadores se les había permitido asociarse constitucionalmente en el artículo 9º, los asalariados demostraron en un principio incapacidad para adoptar una actitud defensiva, por lo que una fracción de los artesanos y gremios asumió la dirección de la lucha, por ser el grupo que contaba con una mayor experiencia y hasta cierta preparación; sin embargo, su antigua condición de oficiales, maestros o artesanos les impidió ver con suficiente claridad el cambio operado en las relaciones de producción, por lo cual la única forma de asociación que pudo darse fue la mutualista, forma que por lo demás no representaba un obstáculo al proceso de acumulación puesto que poco o casi nada exigía (10).

La política económica del Imperio no significó un retroceso en los lineamientos liberales, reforzándose en esta forma la tendencia hacia el desarrollo capitalista. Aunque pudiera parecer contradictorio, es durante el Imperio cuando se legisla por primera vez sobre materia laboral. Así, por ejemplo, la Junta Protectora de las Clases Menesterosas, por decreto del 10 de abril de 1865, representó el primer intento de establecer un órgano oficioso del Estado para conocer de los problemas del trabajo y para introducir una jurisdicción especial en esa materia.
La Junta tenía las siguientes funciones:

Recibir las quejas relativas a la prestación de servicios personales e incumplimiento de contratos de trabajo para hacer su estudio legal; proponer a las autoridades las medidas necesarias para elevar la condición moral y material de las clases humildes; promover el establecimiento de centros de enseñanza de primeras letras para obreros; impulsar la colonización y fundación de poblados y recabar datos para proyectar reglamentos en materias de trabajo (11).

Otro decreto importante fue el 1º de noviembre de 1865, que promulgó la Ley sobre Trabajadores.

Los veintiún artículos del decreto reglamentaron el contrato de trabajo dando a los contratantes una absoluta igualdad y libertad; fijaron la duración de la jornada de labor (diez horas aproximadamente) y los días de descanso obligatorio; prohibieron la tienda de raya y el trabajo de los menores sin el consentimiento de sus padres; establecieron las bases para la liquidación de las deudas contraídas por los obreros (12).

Estas medidas nunca fueron puestas en vigor, pero representan en sí mismas: primero, la presencia del trabajador asalariado, esto es, el ascenso del desarrollo capitalista y, segundo, la necesidad de tomar conciencia del papel trascendental del trabajador en el panorama social.

Liquidados los primeros escollos, el capitalismo inició su expansión y en estas condiciones surgen las primeras asociaciones de los trabajadores que como señalamos anteriormente, reflejan las peculiares características del lento proceso capitalista.

*Leticia Barragán, Rina Ortíz y Amanda Rosales. El mutualismo en México Siglo XIX
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